La instalación de los médicos generales de zona a partir del año 1964, responde a través de una política pública al problema nacional de reducir las brechas entre salud urbana y salud rural y lo hace de forma exitosa, siendo una de las pocas política públicas del siglo XX que ha mantenido su implementación destacando la importancia de la equidad en la distribución de los recursos humanos, para lograr mayor igualdad en salud. Uno de los elementos que han sido considerados fortalezas de esta política es la capacidad de llevar recursos médicos a territorios rurales e insulares en los que el Estado suele estar escasamente presente. La investigación GEMOVI de la Universidad de Los Lagos* está visibilizando el impacto que las dificultades de accesibilidad geográfica tienen para la salud de población especialmente vulnerable como es la población rural e insular de Chiloé. En estos contextos, la mayoría de los médicos están presentes gracias al programa MGZ y sólo a través de él son capaces de complementar la difícil labor que asumen equipos de salud rural, que a menudo cuentan con financiamientos ínfimos para movilizar programas de salud entre las islas, archipiélagos y desiertos que tanto veremos exaltar en las próximas fiestas patrias. 

No obstante los esfuerzos, la labor de estos equipos no logra ser resolutiva debido entre otros factores, a la falta de especialistas en estos territorios, que obliga a las personas a emprender viajes impensables para quienes se encuentran en bajas condiciones de movilidad como puede ser un anciano, una mujer embarazada o un adulto enfermo. Frente a diagnósticos que tienen posibilidad de tratamiento, muchos habitantes de las islas, desiertos y campos de nuestro país decidirán renunciar al gasto económico y social que implica buscar atención médica en otras comunas, provincias e incluso regiones. Esta renuncia puede significar en algunos casos, decidir morir. La falta de especialistas en regiones se agravará en la medida en que se reduzcan los cupos de especialización y de destinación, produciendo un costo inimaginable para la población que habita los territorios rurales y periurbanos. Debilitar la salud pública, la atención primaria y los programas que en ella se han demostrado exitosos en territorios de difícil accesibilidad geográfica, puede significar nada menos que aumentar las desigualdades existentes en Chile entre las posibilidades de vivir o morir, según el lugar en que se nace.